Queremos sumarnos a las voces, organizaciones y grupos que denuncian la evidente influencia de los desmontes, en el desastre de Tartagal.
Como se sabe, a raíz de la ausencia de una Ley marco que lo impida, el gobierno autorizó el desmonte de 800 mil hectáreas desde el 2007. Esta cifra, verdaderamente pavorosa de por sí, adquiere mayor significado cuando se la considera a la luz de las nuevas tecnologías utilizadas para realizar ese trabajo. El efecto depredatorio sobre el terreno que comportan la utilización de topadoras y maquinaria pesada, unida a la velocidad con que se realizan las tareas, multiplican el daño y no dan tiempo siquiera, para que la naturaleza instrumente sus mecanismos de defensa y compensación.
Durante las lluvias y aún sin ellas, el monte atesora agua que vuelca muy lentamente a la recomposición de napas, ríos subterráneos y acuíferos. El suelo esponjoso del monte, es el que permite el paso lento y el filtrado del agua, en tanto que las raíces de los árboles funcionan como vías de acceso al subsuelo. El desmonte, además de una forma de depredación, conlleva también el robo de agua, ya que el agua de lluvia acelera su tránsito, desalimentando el subsuelo además de que su escurrimiento a gran velocidad, provoca erosión, inundaciones, movimientos de suelo, fenómenos aluvionales y otras catástrofes, como las observadas el año pasado en Santa Fe y ahora Salta. Frente a ello y a las consecuencias que inevitablemente sobrevendrán, entendemos indispensable el reemplazo del actual modelo productivo depredatorio, por otro racional y sustentable, que responda a las necesidades de la población.
Un modelo productivo como el actual, que en el tema agrario obliga al desmonte y a la producción de commodities, es proveedor de más pobreza y desastres "naturales". Las inundaciones, sequías, el efecto invernadero, los cambios climáticos y la "pobreza estructural" no son flagelos espontáneos e inevitables, sino el lamentable accionar de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos. Es desconcertante que luego de años de gobierno, se hable de la necesidad de "relocalizar familia lejos de los ríos" o se depositen responsabilidades en el "egoísmo de los que más tienen". ¿Conoce la presidenta y demás autoridades como es la cultura del ribereño y por qué están allí?
Y si dicen que no era evitable, ¿cómo aprueban la Ley de Bosques ahora, luego del desastre?
Hay responsables, no irresponsables de estos fenómenos. Desde la dictadura en adelante, de distinto modo y muchas veces con los mismos actores, ha continuado la consolidación de un modelo productivo que favorece a la clase dominante, a los mismos grupos económicos y sus aliados en el gobierno. Un modelo de expoliación vinculado a la extracción y exportación sin control de nuestros bienes naturales, agrarios 1, hidrocarburíferos 2 y minerales 3 . Como en los tiempos de la colonia se llevan todo, pero ahora utilizando tecnologías que además de producir desocupación y pobreza, generan la devastación y contaminación definitiva de nuestra tierra, agua y aire.
El desastre de Tartagal no es responsabilidad de la naturaleza. Como es posible observar en los registros televisivos y fotográficos, el propio alud de tierra y gran parte de los troncos que provocaron el desastre, no fueron arrancados de raíz, sino que habían sido cortados durante el proceso de desmonte. Esto convierte a los gobernadores y diputados provinciales, en los primeros responsables directos del desastre. Tampoco es posible eximir de responsabilidad, al gobierno nacional y sus socios sojeros, como es el caso del senador Urquía del Frente para la Victoria , uno de los posibles beneficiarios de esas exportaciones a través de su Aceitera General Deheza, una de las mayores del mundo e impulsor del modelo productivo que, en el caso agrario demanda cada vez menos mano de obra y mayores extensiones de suelo, desplazando al pequeño productor, favoreciendo la concentración y extranjerización de la tierra y el monocultivo. Un modelo productivo que envenena los suelos con herbicidas, favorece a las agroexportadoras, al sistema financiero y los bancos. Un modelo productivo que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos, porque ni el veneno ni la depredación son reversibles.
Argentina está destruyendo aceleradamente su biodiversidad y sus bienes naturales al haberse volcado, por omisión y acción gubernamental, a la extracción y exportación de productos primarios, como son la soja, pasta de papel, hidrocarburos y minerales, importando venenos y cambios climáticos.
El fenómeno, que no es nuevo, ni privativo de una región y ni siquiera de unas pocas provincias -lo cual tampoco lo haría justificable- ha sido denunciado en Misiones por el Obispo Joaquín Piña quien reiteradamente manifestó que quería ser obispo de la gente, no de los pinos.. En esta provincia los montes y el arrasamiento de la diversidad ha dado paso al monocultivo de pinos y a la fabricación de pasta de papel dejando como consecuencia la contaminación, el desempleo y el desplazamiento de los pequeños productores. Una situación similar ha sido denunciada recientemente en La Quiaca por el Obispo Pedro Olmedo, en relación a la minería y la extracción de petróleo, en tanto que problemas parecidos se desarrollan en las provincias petroleras del Sur.
Un círculo vicioso que garantiza la pobreza del hoy y del mañana, que algunos llaman "estructural". En el marco del actual modelo productivo, aún la redistribución de la riqueza, sería funcional al hambre.
*Juan Yahdjian, médico, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social (FPCS), del Espacio Ecuménico y del Movimiento Social Misiones. juancitochachan@gmail.com.
*Liliana Marzano, hsap. Presidenta de Confar. Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Espacio Ecuménico.
*Luis Brunati, Docente, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social
*Jorge Torreiro, Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Area política parroquia Santa Cruz.
*Juan Carlos Di Marco. Miembro de la Mesa del Movimiento Social Misionero (MSM). (El Dorado. Misiones)
*Julio C. Raffo. Abogado – Docente UBA – Asesor de la comisión de cultura del Congreso Nacional.
*Beatriz Fernández. Responsable Área Política (Iglesia Sta. Cruz). Miembro del FPCS
*Leonardo Pérez Esquivel. Sociólogo. Comisión de Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas. FPCS.
*Juan E. Ricci. Docente – Ex Presidente del INAES. FPCS.
*Adriana Barbieri, hmr. Secretaria de Confar. Miembro del FPCS.
*Fernando Guzmán. Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Mis. Claretianos.
*Rafael Atuati. Miembro de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Mis. Claretianos. FPCS.
*Adela María Helguera. Religiosa de la Asunción.
*Carlos Juliá. Coordinador de “El Grito de los Excluidos”. Miembro del FPCS.
*Alcira Argumedo. Socióloga – investigadora del Conicet. FPCS.
Como se sabe, a raíz de la ausencia de una Ley marco que lo impida, el gobierno autorizó el desmonte de 800 mil hectáreas desde el 2007. Esta cifra, verdaderamente pavorosa de por sí, adquiere mayor significado cuando se la considera a la luz de las nuevas tecnologías utilizadas para realizar ese trabajo. El efecto depredatorio sobre el terreno que comportan la utilización de topadoras y maquinaria pesada, unida a la velocidad con que se realizan las tareas, multiplican el daño y no dan tiempo siquiera, para que la naturaleza instrumente sus mecanismos de defensa y compensación.
Durante las lluvias y aún sin ellas, el monte atesora agua que vuelca muy lentamente a la recomposición de napas, ríos subterráneos y acuíferos. El suelo esponjoso del monte, es el que permite el paso lento y el filtrado del agua, en tanto que las raíces de los árboles funcionan como vías de acceso al subsuelo. El desmonte, además de una forma de depredación, conlleva también el robo de agua, ya que el agua de lluvia acelera su tránsito, desalimentando el subsuelo además de que su escurrimiento a gran velocidad, provoca erosión, inundaciones, movimientos de suelo, fenómenos aluvionales y otras catástrofes, como las observadas el año pasado en Santa Fe y ahora Salta. Frente a ello y a las consecuencias que inevitablemente sobrevendrán, entendemos indispensable el reemplazo del actual modelo productivo depredatorio, por otro racional y sustentable, que responda a las necesidades de la población.
Un modelo productivo como el actual, que en el tema agrario obliga al desmonte y a la producción de commodities, es proveedor de más pobreza y desastres "naturales". Las inundaciones, sequías, el efecto invernadero, los cambios climáticos y la "pobreza estructural" no son flagelos espontáneos e inevitables, sino el lamentable accionar de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos. Es desconcertante que luego de años de gobierno, se hable de la necesidad de "relocalizar familia lejos de los ríos" o se depositen responsabilidades en el "egoísmo de los que más tienen". ¿Conoce la presidenta y demás autoridades como es la cultura del ribereño y por qué están allí?
Y si dicen que no era evitable, ¿cómo aprueban la Ley de Bosques ahora, luego del desastre?
Hay responsables, no irresponsables de estos fenómenos. Desde la dictadura en adelante, de distinto modo y muchas veces con los mismos actores, ha continuado la consolidación de un modelo productivo que favorece a la clase dominante, a los mismos grupos económicos y sus aliados en el gobierno. Un modelo de expoliación vinculado a la extracción y exportación sin control de nuestros bienes naturales, agrarios 1, hidrocarburíferos 2 y minerales 3 . Como en los tiempos de la colonia se llevan todo, pero ahora utilizando tecnologías que además de producir desocupación y pobreza, generan la devastación y contaminación definitiva de nuestra tierra, agua y aire.
El desastre de Tartagal no es responsabilidad de la naturaleza. Como es posible observar en los registros televisivos y fotográficos, el propio alud de tierra y gran parte de los troncos que provocaron el desastre, no fueron arrancados de raíz, sino que habían sido cortados durante el proceso de desmonte. Esto convierte a los gobernadores y diputados provinciales, en los primeros responsables directos del desastre. Tampoco es posible eximir de responsabilidad, al gobierno nacional y sus socios sojeros, como es el caso del senador Urquía del Frente para la Victoria , uno de los posibles beneficiarios de esas exportaciones a través de su Aceitera General Deheza, una de las mayores del mundo e impulsor del modelo productivo que, en el caso agrario demanda cada vez menos mano de obra y mayores extensiones de suelo, desplazando al pequeño productor, favoreciendo la concentración y extranjerización de la tierra y el monocultivo. Un modelo productivo que envenena los suelos con herbicidas, favorece a las agroexportadoras, al sistema financiero y los bancos. Un modelo productivo que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos, porque ni el veneno ni la depredación son reversibles.
Argentina está destruyendo aceleradamente su biodiversidad y sus bienes naturales al haberse volcado, por omisión y acción gubernamental, a la extracción y exportación de productos primarios, como son la soja, pasta de papel, hidrocarburos y minerales, importando venenos y cambios climáticos.
El fenómeno, que no es nuevo, ni privativo de una región y ni siquiera de unas pocas provincias -lo cual tampoco lo haría justificable- ha sido denunciado en Misiones por el Obispo Joaquín Piña quien reiteradamente manifestó que quería ser obispo de la gente, no de los pinos.. En esta provincia los montes y el arrasamiento de la diversidad ha dado paso al monocultivo de pinos y a la fabricación de pasta de papel dejando como consecuencia la contaminación, el desempleo y el desplazamiento de los pequeños productores. Una situación similar ha sido denunciada recientemente en La Quiaca por el Obispo Pedro Olmedo, en relación a la minería y la extracción de petróleo, en tanto que problemas parecidos se desarrollan en las provincias petroleras del Sur.
Un círculo vicioso que garantiza la pobreza del hoy y del mañana, que algunos llaman "estructural". En el marco del actual modelo productivo, aún la redistribución de la riqueza, sería funcional al hambre.
*Juan Yahdjian, médico, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social (FPCS), del Espacio Ecuménico y del Movimiento Social Misiones. juancitochachan@gmail.com.
*Liliana Marzano, hsap. Presidenta de Confar. Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Espacio Ecuménico.
*Luis Brunati, Docente, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social
*Jorge Torreiro, Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Area política parroquia Santa Cruz.
*Juan Carlos Di Marco. Miembro de la Mesa del Movimiento Social Misionero (MSM). (El Dorado. Misiones)
*Julio C. Raffo. Abogado – Docente UBA – Asesor de la comisión de cultura del Congreso Nacional.
*Beatriz Fernández. Responsable Área Política (Iglesia Sta. Cruz). Miembro del FPCS
*Leonardo Pérez Esquivel. Sociólogo. Comisión de Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas. FPCS.
*Juan E. Ricci. Docente – Ex Presidente del INAES. FPCS.
*Adriana Barbieri, hmr. Secretaria de Confar. Miembro del FPCS.
*Fernando Guzmán. Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Mis. Claretianos.
*Rafael Atuati. Miembro de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Mis. Claretianos. FPCS.
*Adela María Helguera. Religiosa de la Asunción.
*Carlos Juliá. Coordinador de “El Grito de los Excluidos”. Miembro del FPCS.
*Alcira Argumedo. Socióloga – investigadora del Conicet. FPCS.
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